Se conoce como Ley de Residencia o Ley Cané a la ley Nº 4.144, sancionada en 1902, bajo la presidencia de Julio A. Roca, por el Congreso de la Nación. Habilitaba al gobierno a expulsar a inmigrantes sin juicio previo. Sucesivos gobiernos argentinos la utilizaron para contener y reprimir la organización sindical y política de los trabajadores, expulsando principalmente anarquistas y socialistas.
La iniciativa llevada al Congreso por el diputado Miguel Cané (escritor, entre otras obras de “Juvenilia”) había surgido de un pedido formulado por la Unión Industrial en 1899. Hasta su derogación en 1958, fue la herramienta legal que permitía al Estado disponer de un poder discrecional para la expulsión de extranjeros. Los destinatarios de su utilización fueron variando según la época.
En principio, perjudicó a extranjeros radicalizados y organizadores obreros siendo así otro eslabón represivo en la aguda confrontación de clases que se emparentada con la actitud política de gobernantes de otros países del mundo donde se desarrollaban las luchas por los derechos de los trabajadores.
Durante sus 56 años de vigencia se utilizaron diversos "criterios de expulsión", pero fundamentalmente dirigidos contra los movimientos de resistencia obrera -sobre todo en sus primeros tiempos de aplicación-. Esta ley, complementaba otras disposiciones represivas del Estado Nacional: el estado de sitio, el allanamiento de locales de la FORA y el Partido Socialista, incautación de sus publicaciones (“La Protesta” y “La Vanguardia”), la represión de huelgas y manifestaciones, arrestos de obreros activistas, etc. Su efecto recayó también en la deportación de tratantes de blancas u otros delincuentes. Si bien el artículo 1º condicionaba la deportación a la situación legal previa del inculpado, el 2º evidenciaba la posibilidad de su aplicación discrecional.
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